BOADAS I RASET, Joan, “El papel de la Administración”, La Vanguardia, Barcelona, 29 de Mayo de 2011.

Y si en lugar de fotografía habláramos de patrimonio fotográfico e intentáramos consensuar que este concepto incorpora no sólo las copias positivadas (de época o posteriores) sino, y muy especialmente, los negativos, la documentación textual generada en torno a la actividad profesional, imprescindible para conocer e interpretar cualquier fondo fotográfico, la bibliografía técnica y formativa e, incluso, el maquinario?

Quizás ello ayudaría a comprender que los diferentes elementos que componen este patrimonio pueden y deben ser tratados de forma distinta porque obedecen a diversas lógicas, intereses y posibilidades. 

Las copias pertenecen claramente al mercado, donde deben competir con las demás obras de creación. La Administración debe ser uno más (nunca el único) de los agentes que actúan en él. En una primera etapa le correspondería ser el más activo de ellos, contribuyendo de manera decisiva a su creación y articulación. Sin mercado, la fotografía languidece y creadores, gestores y ciudadanos carecen de un escenario comercial donde mostrar unos, y adquirir otros, los trabajos realizados. 

¿Qué hacer con todo lo demás? Miles, millones de imágenes y textos que constituyen también el patrimonio fotográfico documental del país. Aquí es donde, en mi opinión, debe actuar claramente el sector público, impulsando alianzas, creando equipamientos que garanticen la conservación, organizando, describiendo y catalogando los fondos, estableciendo redes de difusión, promoviendo los contenidos. Invirtiendo importantes cantidades de recursos que permitan establecer y ejecutar una política pública de actuación de la cual nos hallamos absolutamente huérfanos, lo que nos ha llevado a esta anómala situación. 

Ahora bien, ¿debemos conservar todo aquello que existe? Sin duda, no. Lo razonable sería, a partir de la creación de una comisión ad hoc, establecer qué fondos y colecciones deben formar parte del patrimonio documental y/o artístico del país, avanzar en su declaración de bien de interés cultural y centrarnos en su protección, gestión y difusión. Las fórmulas para contribuir a ello son múltiples, pero en todos los casos esta declaración no debería servir para fosilizar (como ocurre muchas veces con la mera compra directa por parte de las administraciones), sino para promocionar los conjuntos fotográficos seleccionados. Con una única finalidad: situar nuestra fotografía en el justo lugar que, por su calidad, le correspondería.